El pasado 20 de diciembre el Consejo de Ministros ha dado su visto bueno al informe de la Ministra de Empleo y Seguridad Social por el que se modifica el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Ahora tienen que informar los agentes sociales y el Consejo Económico y Social, para convertirse en proyecto de ley y aprobarlo en las Cortes Generales.
La sección 5 de lo Social del TSJM indicaba en su fallo –tras una demanda interpuesta por los sindicatos UGT, CSI-F, USO y CC.OO– que las cuentas anuales presentadas por la empresa “no parece que expresen la imagen real de la situación que atraviesa Madridec”, pese a reflejar pérdidas en los dos ejercicios anteriores al del despido colectivo.
Los servicios jurídicos de los sindicatos iniciaron el procedimiento para solicitar el indulto total o parcial para Carlos y Serafín, pero el Consejo de Ministros denegó una primera petición. Ahora, han tramitado una nueva solicitud de esta medida de gracia, alegando que la ejecución de esa condena de prisión, seis años después de los hechos juzgados, sería “rotundamente perjudicial” para los dos trabajadores, ambos con empleo actualmente, con pareja e hijos.
Los portavoces de las tres centrales han explicado que recurrirán a todas las instancias, jurídicas y políticas, para lograr el indulto para Carlos Rivas (UGT) y Serafín Rodríguez (CIG), que fueron condenados por un delito contra los derechos de los trabajadores, al lanzar piedras y objetos contra los camiones que entraban a la Zona Franca de Bouzas en la noche del 21 de abril de 2008.
Desde Comisiones Obreras explican que los trabajadores están ya «indignados con esta situación insostenible» y han acordado por unanimidad llevar sus reivindicaciones hasta el final. Incluso han planteado la posibilidad de iniciar una huelga de carácter indefinido, para cuya convocatoria es requisito imprescincible el trámite de mediación del Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León).
Fuentes de la Fitag de UGT ha reiterado su opinión de que no “hay causas legales” para que la mercantil lleve a cabo el ERE, que, según este sindicato y el comité de empresa de la planta de Coca-Cola en Alicante, responde únicamente a razones “especulativas” con la pretensión de “reducir la masa salarial” y así “aumentar los márgenes de beneficio”.